Al no formar parte esa enmienda de la posición común alcanzada entre el PE y los países de la UE, la totalidad del marco ya no podrá ser aprobada en la presente legislatura, cuyo último pleno se celebra esta semana.
La regulación pasará en otoño al comité de conciliación -última oportunidad para que la Eurocámara y el Consejo logren un acuerdo-, a menos que los ministros de Telecomunicaciones, el 12 de junio, den su visto bueno a la votación de hoy.
Esto es muy poco probable, principalmente porque un grupo de países, encabezado por Francia, Reino Unido y Alemania, no se muestra dispuesto a aceptar la posición del Parlamento sobre la necesidad de una sentencia judicial para restringir el acceso a internet.
El grupo socialista respaldó prácticamente en bloque la enmienda, mientras que los populares estuvieron bastante divididos con una mayoría que se abstuvo en el voto individual. Así, el PE apoyó no imponer "restricción alguna a los derechos y libertades fundamentales de los usuarios finales sin una resolución previa de las autoridades judiciales", según el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE en materia de libertad de expresión y de información, "excepto cuando la seguridad pública se vea amenazada, en cuyo caso la resolución puede ser posterior".
La redacción del artículo sobre los derechos de los internautas fue uno de los puntos más difíciles en la negociación entre el Parlamento y el Consejo, especialmente en un momento en que países como Francia intentan impulsar leyes contra la descarga ilegal de contenidos sin que medie una orden judicial.
De esa manera, la policía o un organismo creado ad hoc tendrían potestad para restringir el acceso a internet a los usuarios, una posibilidad que la Eurocámara siempre rechazó.
Aunque el tema de las descargas ilícitas -que no están mencionadas explícitamente en el texto- y las medidas contra los internautas que las practican no estaba incluido en la versión original del paquete, acabó formando parte de él a petición de varios países.
